La medida, que comienza a implementarse en el sector público puntano tras la sanción de una ley en noviembre pasado, fue explicada desde el gobierno provincial.
El gobierno de la provincia de San Luis implementa un programa de narcotest para todos los funcionarios públicos, tras la sanción de una ley en noviembre del año pasado. Ricardo Bazla, secretario de ética pública y control de gestión, explicó en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario que el objetivo es «determinar si en nuestros cuerpos existen rastros de consumo de drogas ilegales».
Los primeros 60 funcionarios han sido seleccionados mediante un sorteo y ya se han sometido a los análisis. Bazla aclara que «la obligatoriedad es para todos», incluyendo al gobernador, ministros, jueces y legisladores. «El sorteo es solamente para determinar en qué orden nos toca ir a la universidad», añadió.
El procedimiento no es sorpresivo. Los funcionarios reciben una notificación con 24 horas de anticipación. «No hay forma de enterarse antes de 24 horas», señaló Bazla, enfatizando que esto evita que los funcionarios puedan «limpiarse» antes del test.
El secretario mencionó que la medida responde a la lucha contra el narcotráfico y a la sospecha de que algunos funcionarios pueden estar involucrados en adicciones. «El funcionario público no puede estar de los dos lados del mostrador», afirmó.
Los análisis son realizados por la Universidad Nacional de San Luis y buscan detectar un total de diez sustancias, entre ellas, cocaína, marihuana y opiáceos. En caso de un resultado positivo, el funcionario tiene derecho a solicitar una contraprueba que será realizada por la Universidad de Buenos Aires.
Las sanciones varían según el poder al que pertenezca el funcionario. Bazla explicó que, en el caso del Poder Ejecutivo, el gobernador puede dictar un decreto de cese de funciones, mientras que en el Poder Judicial se notifica al jurado de enjuiciamiento. «Las líneas investigativas son importantes y transforman al funcionario en el testigo principal», concluyó.
El costo del test es asumido por cada funcionario, al igual que otros requisitos como el certificado de no ser deudor alimentario. En noviembre, se prevé extender este programa al personal policial y de salud pública, cuyos análisis serán financiados por el gobierno provincial.
FUENTE (Cadena3).
