La vicepresidenta de la Legislatura rompió el silencio luego de varios meses por su vinculación con Virginia Martínez, quien figuró como contratada y cobró sin haber trabajado ni firmado contrato.
La vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba, Nadia Fernández, del bloque del oficialismo de Hacemos Unidos, rompió el silencio este lunes luego de meses de controversia por su vinculación con el caso de Virginia Martínez, la mujer señalada como «empleada fantasma» que figuró como contratada en la Unicameral sin haber trabajado ni firmado contrato alguno.
Fernández, quien hasta ahora había evitado pronunciarse, habló con Cadena 3 durante un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora en el Centro Cívico, defendiendo su actuación y asegurando que no hubo irregularidades ni perjuicio al erario público.
El caso salió a la luz en enero, cuando se descubrió que Virginia Martínez, quien estuvo registrada como empleada de la Legislatura durante diciembre, nunca se presentó a trabajar ni firmó un contrato laboral.
Además, se le depositó un millón de pesos en una cuenta recién abierta en el Banco de Córdoba, a la que intentó acceder un tercero. La maniobra fue frustrada por un cajero del banco, quien detectó que la mujer que intentaba retirar el dinero, acompañada por el dirigente Guillermo Kraisman, no era Martínez. Este episodio desencadenó una investigación que dejó al expuntero del PJ cordobés detenido y expuso un entramado de irregularidades en la Legislatura.
Virginia Martínez fue contratada en diciembre por recomendación de Guillermo Kraisman, un dirigente político conocido por su trayectoria en el ámbito municipal y quien fue detenido en septiembre del año pasado por robar bondiolas y cerezas en un supermercado.
En enero, Kraisman acompañó a una funcionaria municipal, amiga suya, al Banco de Córdoba con un documento duplicado a nombre de Martínez. Ambos intentaron retirar el sueldo depositado, pero el cajero, al notar que la mujer no era la titular de la cuenta, alertó a la Policía. Este incidente destapó la existencia de Martínez como «empleada fantasma» y puso a Fernández en el centro de la polémica.
En diálogo con Cadena 3, Nadia Fernández aseguró que Martínez estuvo vinculado a la Legislatura por un breve período, desde los primeros días de diciembre hasta principios de enero, cuando fue desvinculada por no cumplir con los requisitos exigidos, como presentar un certificado de buena conducta y de buena salud.
Fernández aseguró que Martínez «nunca cobró nada» porque, aunque se imputó un salario a una cuenta bancaria, esta no se activó debido a que la titular no presentó el DNI original ni un certificado de domicilio. «Una cosa es que la cuenta existe, otra es que se activa. No se vulneraron los recursos del Estado porque funcionaron los organismos de control», afirmó la legisladora.
En su declaración, Fernández explicó que apoyó la recomendación de Kraisman «de buena fe», destacando que este había sugerido a Martínez en varias ocasiones y que, al producirse una vacante, decidió designarla.
Sin embargo, cuando Martínez no cumplió con los requisitos administrativos ni pudo presentarse a trabajar, fue desvinculada de inmediato. «No era ningún fantasma. Es una persona que, por distintas vicisitudes que desconocemos, no pudo cumplir con lo exigido por el Poder Legislativo», insistió Fernández.
La vicepresidenta también se refirió a Kraisman, cuya detención y antecedentes delictivos han generado críticas por su involucramiento en la contratación. Fernández evitó profundizar en los antecedentes del dirigente, argumentando que está imputado y bajo investigación judicial.
«Actué de buena fe. Es una recomendación que él venía haciendo hace mucho tiempo, siempre en función de un vínculo profesional, político, territorial y sociocomunitario», señaló, admitiendo una «autocrítica» por no haber percibido indicios de irregularidades.
Fernández aseguró que «no existe intención de ocultar información» y que su silencio hasta ahora se debe «a la prudencia», dado que la investigación judicial está en curso. Martínez, según la legisladora, está imputada por falso testimonio, mientras que Kraisman permanece detenido. «No hubo, no hay, ni habrá empleados fantasmas. Estamos hablando de 20 días hábiles y la cosa no pasó a mayores gracias a los organismos de control», afirmó.
El caso generó un fuerte impacto en la opinión pública, alimentando críticas sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos en la Legislatura. La figura de Kraisman, con su historial delictivo, y la designación de una empleada que nunca se presentó a trabajar pusieron en cuestión los mecanismos de contratación y los criterios para aceptar recomendaciones de dirigentes políticos.
Fernández, por su parte, defendió la actuación de los organismos de control, tanto legislativos como bancarios, que evitaron que el dinero depositado fuera retirado. Sin embargo, su explicación no despejó las dudas sobre por qué se permitió que una persona sin contrato ni presencia en el lugar de trabajo figurara como empleada durante un mes.
FUENTE: (Cadena3).
