El Ministerio de Seguridad acusa a la magistrada porteña de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra la jueza Karina Andrade, quien decidió liberar a 114 personas detenidas durante la marcha de jubilados, argumentando que no había delitos en su contra y que se estaba violando la Constitución.
Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, formalizó la denuncia contra la jueza, que se desempeña en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La acusación incluye los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
La denuncia fue presentada en el fuero federal y Bullrich afirmó que la acción se debía «a las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación».
El director nacional de Normativa y Enlace Judicial de la Nación, Fernando Soto, comentó sobre la denuncia penal contra los barras y el operativo propuesto para una nueva movilización contra el Gobierno.
Soto señaló que se realizó la denuncia porque «la jueza Karina Andrade violó abiertamente la ley». Explicó que, en el sistema acusatorio de la Ciudad de Buenos Aires, las detenciones en flagrancia deben ser convalidadas por el fiscal y que la jueza no debía intervenir hasta 24 horas después.
Sin embargo, Andrade «hizo un grupo de WhatsApp para recibir el aviso» y, sin la debida documentación, ordenó la liberación de los detenidos, muchos de los cuales tenían antecedentes por delitos graves.
Soto sostuvo que la jueza actuó de manera ideológica, afirmando que «se inventó un código» para justificar la liberación de los detenidos, quienes no estaban allí por ejercer su derecho a protestar, sino por «delitos de resistencia a la autoridad, daño agravado, incendios, lesiones». Denunció que la jueza «funcionó en encubrimiento» y que su decisión fue «funcional a actos de atentado contra el orden constitucional».
En relación a la próxima movilización, Soto indicó que se están preparando para un operativo diferente, dado que la manifestación anterior fue «totalmente atípica y orquestada por grupos organizados».
«Estamos convencidos de que fue producto de grupos organizados», afirmó. Además, señaló que se evaluarán los protocolos de comunicación para mejorar la respuesta ante incidentes.
Respecto a la posibilidad de vínculos políticos detrás de los disturbios, Soto mencionó que «hay un sector político, concreto, que claramente es el peronismo» que ha movilizado a grupos violentos. «Son sectores de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, donde han movilizado a barras», añadió.
Por último, reiteró que, si se presentan nuevos incidentes, «el Gobierno estará preparado para actuar y no dar un paso atrás en la defensa del orden público».
